El Presidente de la ANEF señor Raúl De la Fuente realmente no conoce la vergüenza. Además de armar un escándalo por el despido de 7.000 funcionarios públicos (de un universo de, aproximadamente, 500.000, o sea un 1,4%) pretende que todos los empleados públicos sean inamovibles mientras estén “bien calificados” (La concertación se las amañó para dejarlos a todos bien calificados). Salvo honrosas excepciones, y algunos cargos directivos de confianza del Gobierno, los empleados públicos sólo se dedican o a entorpecer el trabajo de todos los chilenos, u a otorgar una pésima, y denigrante, atención en servicios como los de salud y educación, por poner ejemplos. Muestran índices de baja productividad, o productividad negativa alarmante, siendo causa principal de un Estado hipertrofiado que, a su vez, es una de las razones principales del estancamiento del sector estatal. Para muestra dos botones:
¿Qué producen, para el país los integrantes de la SEREMI de Gobierno en, por ejemplo, la IV región? Tiene al menos oficina, un SEREMI, un Jefe de Gabinete, Jefes de Departamentos, varias secretarias, periodistas y diversos funcionarios adicionales; más vehículos, un importante gasto en insumos, combustible, viáticos y otros. Y aporte para el país: “0”. Son meros operadores políticos que deberían ser financiados por los partidos. ¿Existiría algo así en la empresa privada?
¿Que funciones imprescindibles cumplen las secretarias del representante de CONAF en San Ignacio? No podría el señor cumplir sus funciones, sin secretarias, mediante su computador y su teléfono, como sería el caso de su símil en un país desarrollado.
Yo esperaba, de parte de este gobierno, una drástica disminución del gasto fiscal y, por tanto, de los funcionarios públicos. Veo que, como en muchas otras áreas, se preferirá no encarar el problema.
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